La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) ha subrayado la urgente necesidad de que Paraguay destine más del 3% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión en infraestructura.
Este aumento de recursos es clave para asegurar un crecimiento económico sostenible y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en sectores estratégicos como el transporte, la energía y el saneamiento.
La infraestructura es un factor esencial para el progreso de cualquier país. En el caso de Paraguay, una mayor inversión en este ámbito no solo facilitaría la conectividad interna, sino que también fortalecería su competitividad internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades comerciales.
Las carencias en el sistema de transporte, por ejemplo, limitan la eficiencia logística y encarecen los costos para los empresarios. Asimismo, la modernización de la infraestructura energética y de saneamiento es crucial para garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos.
El reto es aún mayor cuando se considera que, a pesar de ser uno de los países con mayores recursos energéticos de la región, la infraestructura en algunos sectores sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda de crecimiento y urbanización.
Inyectar más del 3% del PIB en infraestructura tendría un impacto directo y positivo sobre la economía nacional, generando empleos, mejorando la competitividad y promoviendo la cohesión social.
Una de las propuestas clave de Capaco es la reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP). Esta modificación permitiría llevar a cabo proyectos de menor escala de manera más ágil, involucrando a empresas del sector privado en la ejecución de obras de infraestructura.
Con una ley más flexible, se abriría el camino para que los recursos privados contribuyan a aliviar las limitaciones presupuestarias del Estado, acelerando la ejecución de proyectos que, de otro modo, podrían verse demorados por falta de financiamiento público.
El modelo de las APP ha demostrado ser eficaz en varios países al permitir que el sector privado participe en la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura, a cambio de incentivos a largo plazo. De esta manera, el Estado no solo se beneficia de la experiencia y capacidad del sector privado, sino que también reduce la presión sobre sus propios recursos.
La infraestructura es un factor esencial para el progreso de cualquier país; en el caso de Paraguay, una mayor inversión no solo facilitaría la conectividad interna, sino que también fortalecería su competitividad internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades comerciales.
Inyectar más del 3% del PIB en infraestructura tendría un impacto directo y positivo sobre la economía nacional.
Además de generar miles de empleos directos e indirectos en la construcción, los proyectos de infraestructura mejorarán la competitividad del país, promoviendo un entorno más propicio para la inversión extranjera y fortaleciendo la cohesión social.
Para ello, la colaboración entre el sector público y privado será fundamental. Mientras que el Estado debe garantizar un marco legal claro y estable, el sector privado tiene el conocimiento y los recursos necesarios para llevar a cabo las obras de manera eficiente.
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